Una de las dos familias que afirman ser dueñas del terreno donde se ubica el santuario inca de Machu Picchu anunció que demandará al Estado peruano ante la UNESCO (Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) por infracción de las convenciones internacionales en materia de patrimonio cultural”, dijo a “Perú21”, Fausto Salinas, abogado de la familia Zavaleta.

Sin embargo, Salinas no quiere entrar en mayayores detalles pero aseguró que la única estrategia de los gobiernos ha sido dilatar los procesos y “cerrarse” en su tesis de que Machu Picchu es patrimonio cultural de la nación.

Pero la historia empieza en 1933, cuando el hacendado José Emilio Abrill Vizcarra inició los trámites para que el Estado expropie los terrenos en los que se encuentra la Ciudadela Inca y las zonas aledañas, los cuales fueron inscritos en Registros Públicos de Cusco, en el siglo XIX, mucho antes de que Hiram Bingham descubriera el citado complejo arquitectónico.

En 1944, Abrill vendió a Julio Zavaleta Flores los fundos Q’ente y Santa Rita de Q’ente –que atraviesan el Camino Inca–, reservándose para sí la propiedad de las ciudadelas incas de Machu Picchu, Huayna Picchu, Huiñay Huayna, Sayacmarca y Phuyupatamarca.

¿Pero qué busca la familia Zavaleta con su demanda ante la Unesco? Salinas responde que, en primer lugar, se les reivindique la propiedad y se les pague. “Tienen que indemnizarlos desde 1995 o, en todo caso, expropiarse el valor de los terrenos”, argumenta. Aunque la defensa no se ha fijado un plazo para resolver estas demandas, los Zavaleta creen que la razón está de su lado.

Las familias Zavaletas y Abrill han creado la página web Propietarios de Machu Picchu, en la que defienden su posición sobre el santuario inca.

Tomado de Perú 21